Declaran a Lopera como municipio de Rehabilitación Autonómica en el Programa 2008.
Por José Luis Pantoja Vallejo - Cronista Oficial de la Villa de Lopera
Bando municipal anunciando el plazo de presentación de solicitudes para la Rehabilitación Autonómica 2008. Tras haber sido declarado Lopera como municipio de Rehabilitación Autonómica para el Programa 2008, lo que supone subvenciones de hasta el 50 % del presupuesto de ejecución material (siempre que no supere los 10.000 o 14.000 euros) para actuaciones de conservación y mejora de viviendas, el ayuntamiento de Lopera ha abierto el plazo de presentación de solicitudes hasta el día 6 de mayo para todos los vecinos que quieran acogerse a este programa. En el tablón de edictos del ayuntamiento se encuentran al público los criterios de baremación y valoración, necesarios para la elaboración de la relación preferencial. Los impresos de solicitud de Rehabilitación Autonómica Programa 2008, se podrán retirar en horario de oficina en el Registro General del ayuntamiento de Lopera. Dentro de las condiciones y requisitos se establecen que el promotor de la rehabilitación de la vivienda deberá de ser el propietario que resida en el o con autorización de éste, el arrendatario o usuario. En cualquier caso, los ingresos anuales del promotor no serán superiores a 2,5 veces el salario mínimo interprofesional. Las viviendas deberán tener al menos una antigüedad de 10 años y una superficie mínima de 24 metros cuadrados y presentar unas características de seguridad estructural y constructiva que garanticen la viabilidad de la intervención salvo que las adquiera por defecto de la actuación. Las obras de conservación y mejora podrán tener las finalidades de estabilidad y seguridad estructural y constructiva, estanqueidad frente a la lluvia, iluminación y ventilación de espacios, instalaciones de suministros de agua, gas, electricidad y saneamiento, supresión de humedades, supresión de barreras arquitectónicas etc. El presupuesto de ejecución material por vivienda será como máximo de 10.000 euros o de 14.000 euros cuando sea imprescindible para corregir las condiciones de seguridad estructural o constructiva de la vivienda.
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